Redacción NC
El martes, Carlos Ríos, abogado representante de los presuntos damnificados, presentó una denuncia ante la justicia y se convirtió en querellante. Los delitos investigados incluyen asociación ilícita y estafa en concurso real.
La denuncia señala a tres individuos, cuya conexión con los afectados se estableció a través de un conocido en Río Tercero. Este intermediario afirmaba tener vínculos con personas de Rosario y llevaba a cabo operaciones financieras también con residentes de Villa María.
Los presuntos estafadores utilizaban una sociedad anónima (SAS) dedicada a la provisión de artículos de librería con sede en Rosario como respaldo institucional, según informó el abogado Ríos. Las transacciones, que involucraban entregas de pesos o dólares con contratos previos, se realizaban cara a cara.
La denuncia describe la estafa como un "plan criminal establecido" mediante el cual se asociaron con la intención de cometer delitos indeterminados contra el patrimonio en la ciudad y sus alrededores. Se señala específicamente la aplicación de un sistema Ponzi, caracterizado por la captación piramidal de ahorros de particulares.
En este esquema, los estafadores atraían a nuevos inversores prometiendo rendimientos mensuales, financiados con el capital de los nuevos participantes. Cuando se corta el flujo de ingresos, la pirámide colapsa, dejando a los afectados sin posibilidad de recuperar sus fondos.
La fiscal Bruera ha iniciado una serie de medidas y tomado testimonios, aunque hasta el momento no hay imputados ni detenidos en relación con el caso. Aunque 14 personas ya han denunciado su participación como víctimas, se sospecha que hay más afectados que aún no han acudido a la Justicia. La investigación está en curso para esclarecer completamente esta presunta estafa financiera.
Fuente: Lavoz
