Nueve personas fueron sentenciadas en Río Tercero por integrar una organización que estafó a decenas de víctimas con ventas fraudulentas de lotes en el Valle de Calamuchita, utilizando documentos falsificados y usurpación de propiedades entre 2021 y 2023.
Información General25 de junio de 2025
Redacción NC
Sentencias y perfiles de los condenados
La Cámara Criminal de Río Tercero impuso penas de hasta 3 años y 4 meses de prisión a los involucrados, tras un juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad. Entre los condenados figuran:
Carlos Rodríguez (59), constructor: 3 años por asociación ilícita y usurpación.
Simón Guizzardi (38), albañil: 3 años y 4 meses por estafas reiteradas.
Mario Perea (61), martillero público: 3 años por falsificación de documentos.
Dos imputados obtuvieron probation, mientras que otros recibieron penas condicionales con trabajos comunitarios. La fiscal Paula Bruera destacó que los acusados deberán indemnizar a las víctimas.
Modus operandi de la banda
El grupo, activo desde julio de 2021, operaba en Santa Rosa de Calamuchita y localidades aledañas. Según la investigación:
Identificaban terrenos con deudas impositivas o en abandono.
Usurpaban las propiedades, limpiándolas para simular posesión legítima.
Falsificaban documentos, incluyendo certificados de amojonamiento y firmas de supuestos jueces.
Publicaban avisos en redes y carteles para atraer compradores.
"Uno de los imputados se hacía pasar por juez de Paz, y otro distribuía el dinero entre los miembros", explicó Bruera. Las estafas superaron los $50 millones.
Impacto en la región y reacciones
Calamuchita, zona turística con alta demanda de tierras, fue el foco de esta red. El caso estalló en 2023 tras un operativo con 70 efectivos y allanamientos en múltiples viviendas.
Herederos de lotes afectados iniciaron las denuncias, que luego se extendieron a más víctimas. "Estas condenas son un mensaje claro contra el delito patrimonial", afirmó un vocero judicial.
Proyección legal y medidas preventivas
La fiscalía no descarta nuevas imputaciones, ya que la investigación sigue abierta. Autoridades recomiendan:
Verificar la trayectoria de martilleros y agrimensores.
Exigir documentación actualizada en escrituras.
Reportar ofertas sospechosas en plataformas digitales.
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