Redacción NC
Sentencias y perfiles de los condenados
La Cámara Criminal de Río Tercero impuso penas de hasta 3 años y 4 meses de prisión a los involucrados, tras un juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad. Entre los condenados figuran:
Carlos Rodríguez (59), constructor: 3 años por asociación ilícita y usurpación.
Simón Guizzardi (38), albañil: 3 años y 4 meses por estafas reiteradas.
Mario Perea (61), martillero público: 3 años por falsificación de documentos.
Dos imputados obtuvieron probation, mientras que otros recibieron penas condicionales con trabajos comunitarios. La fiscal Paula Bruera destacó que los acusados deberán indemnizar a las víctimas.
Modus operandi de la banda
El grupo, activo desde julio de 2021, operaba en Santa Rosa de Calamuchita y localidades aledañas. Según la investigación:
Identificaban terrenos con deudas impositivas o en abandono.
Usurpaban las propiedades, limpiándolas para simular posesión legítima.
Falsificaban documentos, incluyendo certificados de amojonamiento y firmas de supuestos jueces.
Publicaban avisos en redes y carteles para atraer compradores.
"Uno de los imputados se hacía pasar por juez de Paz, y otro distribuía el dinero entre los miembros", explicó Bruera. Las estafas superaron los $50 millones.
Impacto en la región y reacciones
Calamuchita, zona turística con alta demanda de tierras, fue el foco de esta red. El caso estalló en 2023 tras un operativo con 70 efectivos y allanamientos en múltiples viviendas.
Herederos de lotes afectados iniciaron las denuncias, que luego se extendieron a más víctimas. "Estas condenas son un mensaje claro contra el delito patrimonial", afirmó un vocero judicial.
Proyección legal y medidas preventivas
La fiscalía no descarta nuevas imputaciones, ya que la investigación sigue abierta. Autoridades recomiendan:
Verificar la trayectoria de martilleros y agrimensores.
Exigir documentación actualizada en escrituras.
Reportar ofertas sospechosas en plataformas digitales.
El fallo sienta un precedente contra el fraude inmobiliario en Córdoba, aunque revela la necesidad de mayores controles para proteger a compradores en zonas de alta especulación.
