Redacción NCEl Gobierno provincial presentó una iniciativa destinada a personas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. El proyecto contempla la refinanciación de préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otras deudas vinculadas a gastos ordinarios y necesidades básicas del hogar.
La propuesta busca reducir el costo financiero de las familias, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y favorecer la recuperación progresiva de su capacidad económica.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que las entidades financieras y emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35%. Los plazos de pago podrán extenderse entre 24 y 48 cuotas mensuales.
El programa comprenderá obligaciones originadas en préstamos personales y saldos financiados de tarjetas de crédito. Quedarán expresamente excluidas las financiaciones vinculadas a juegos de azar y apuestas.
Podrán ingresar al programa quienes acrediten domicilio en la provincia de Córdoba con una antigüedad mínima de dos años y que hayan estado clasificados en Situación 2 o Situación 3 al 31 de julio de 2026, según la Central de Deudores del Banco Central.
Además, la autoridad de aplicación definirá condiciones económicas, financieras y patrimoniales, que incluirán el nivel de ingresos del solicitante y su grupo familiar, la titularidad de bienes registrables y la relación entre ingresos disponibles y obligaciones financieras.
Para facilitar la participación del sistema financiero, el proyecto incorpora un beneficio tributario provincial. Las entidades que adhieran al programa tendrán una alícuota especial del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses generados por las operaciones alcanzadas.
El Ministerio de Economía de la Provincia será la autoridad encargada de instrumentar el programa, establecer los procedimientos de adhesión y verificar los requisitos de acceso.
Una vez sancionada y reglamentada la ley, el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar tendrá una vigencia de tres meses calendario, período durante el cual podrán concretarse las operaciones comprendidas en el régimen.
